El martes 15 de abril de 2025, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional adelantó el fallo de la sentencia condenatoria contra el expresidente Ollanta Humala Tasso y la exprimera dama Nadine Heredia Alarcón, imponiéndoles 15 años de pena privativa de libertad efectiva por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado peruano. La decisión judicial también incluye la ejecución provisional de la pena, conforme al artículo 402 del Código Procesal Penal, lo que implica que ambos deberán cumplir la condena mientras se resuelve la apelación en segunda instancia.
El tribunal, presidido por la jueza Nayko Coronado e integrado por los magistrados Max Venegas y Mercedes Caballero, concluyó que la expareja presidencial recibió aportes ilícitos para financiar las campañas electorales del Partido Nacionalista Peruano en 2006 y 2011.
Este fallo marca un precedente en la historia judicial del país, siendo la primera vez que un expresidente peruano es condenado en primera instancia y enfrenta prisión efectiva por delitos relacionados con financiamiento ilícito de campañas electorales. La decisión ha generado un amplio debate sobre la aplicación de la ejecución provisional de la pena, especialmente considerando que la sentencia aún no ha sido confirmada por una instancia superior.
La defensa de Humala y Heredia ha anunciado que apelará la sentencia, argumentando que se trata de una persecución política sin sustento probatorio. Mientras tanto, diversos sectores de la sociedad peruana y expertos en derecho penal discuten las implicancias de este caso para el sistema judicial y la lucha contra la corrupción en el país.
Este caso también pone en relieve la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el financiamiento de campañas políticas, así como de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia en todos los niveles del sistema judicial.
Nikolas Salazar
Jefe Procesal – Ecovis Perú
Abogado colegiado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con amplia experiencia en derecho corporativo, comercial y penal. Asesorando empresas en todas sus necesidades jurídicas.
