Recientemente, en octubre del presente año, se presentó el Proyecto de Ley No. 9084/2024-CR ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República, con el objetivo de establecer una regulación específica para el servicio de alquiler de inmuebles temporales y así fomentar el turismo nacional. La propuesta busca garantizar parámetros claros sin afectar negativamente la dinámica del sector.
El proyecto introduce el concepto de “alquiler turístico temporario”, definiéndolo como el servicio de alojamiento transitorio por un período máximo de 30 días, renovable por otros 30. Esta figura se diferencia del contrato de arrendamiento tradicional regulado en el Código Civil, cuyo plazo debe ser superior a 60 días.
Entre las principales disposiciones del proyecto, destaca la obligatoriedad de un registro ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para quienes deseen ofrecer este servicio, sea de manera directa o a través de cualquier herramienta, sistema y/o plataforma.
¿Cuáles serían los requisitos para el registro?
Si el titular y/o arrendador fuese una persona natural, habrá que cumplir con lo siguiente:
- Identificación del solicitante.
- Acreditación de propiedad del inmueble o autorización como tercero legitimado.
- Información del inmueble.
- Declaraciones juradas sobre:
- Buen estado de instalaciones eléctricas y de gas.
- Disponibilidad de extintores operativos.
- Existencia de un plano de evacuación y teléfonos de emergencia.
Tratándose de una persona jurídica se tiene adicionalmente:
- Razón social.
- Número de partida registral inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
El Mincetur sería la autoridad encargada de supervisar, sancionar e incentivar esta actividad económica. Además, el proyecto de ley propone que no se exijan licencias de funcionamiento ni otros títulos habilitantes adicionales para realizar este tipo de alquileres temporales.
Conforme lo ha señalado el Poder Ejecutivo, este marco regulatorio busca promover un equilibrio entre la formalización de la actividad y el impulso al turismo, evitando trabas burocráticas innecesarias.
Reflexiones finales
Aunque a primera vista el Proyecto de Ley No. 9084/2024-CR parece un paso importante hacia la regulación y promoción de plataformas como Airbnb, Wynwood, entre otras, en la práctica implica serias deficiencias y contradicciones que podrían convertirlo en un obstáculo para la formalización. La exigencia de un registro obligatorio, sumada a la posibilidad de fiscalizaciones posteriores, podría percibirse como una carga administrativa excesiva; además de la eventual imposición de multas y sanciones.
Lo anterior no solo supone el riesgo de desalentar a los operadores informales a formalizarse, sino que podría empujarlos a mantenerse en la clandestinidad. Adicionalmente, el panorama fiscal añade un nivel de complejidad significativo.
La reciente implementación del IGV en este sector mediante la denominada «tasa Airbnb» a partir del 1 de diciembre del 2024, junto con el criterio público del Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT de aplicar un Impuesto a la Renta del 29.5% en lugar de la tasa reducida del 5% para algunos casos relacionados a personas naturales arrendando múltiples bienes inmuebles, supone un doble impacto fiscal que podría tener consecuencias graves para el sector. Este enfoque tributario podría forzar a los pequeños operadores, que constituyen la mayoría del sector, a abandonar la actividad o a operar al margen de la regulación.
Finalmente, si bien la intención del Proyecto de Ley es promover el turismo nacional a través de una regulación específica, resulta esencial revisar estos aspectos para evitar que se convierta en una barrera más para los actores del mercado, especialmente los pequeños operadores que son clave para la oferta turística del país.
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